España es uno de los países que ha llegado tarde en cuanto a las reglas de edificación que abarcan cuestiones de energía y medio ambiente. Numerosas constructoras y sociedades de inversión inmobiliaria han ignorado la nueva directiva (2018/844) que obligará, a partir de 2021, a que tanto la nueva edificación como la rehabilitada no solo sea de alta eficiencia energética, sino que cuente, además, con energía renovable generada en el propio edificio.Las ciudades más afectadas podrían ser Madrid o Barcelona, dado que la ausencia -o baja- calificación energética de edificios de oficinas disminuye las posibilidades de atraer empresas a la búsqueda de nuevas sedes.

Esta nueva directiva (2018/844) tendrá que estar incorporada a la legislación nacional antes de marzo de 2020, aunque los plazos de aplicación serán flexibles.

La edificación sostenible, con edificios de consumo casi nulo, y la rehabilitación de viviendas son la clave para la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones, según sostienen expertos como Javier García Breva.

El reto que impone la directiva comunitaria recién publicada  es un reto a corto plazo. De acuerdo con la norma, a partir de 2021, entre el 50% y el 100% de la energía primaria que requieran los edificios se debería cubrir con energías renovables.  Además, en dos años, todos los edificios, sean de viviendas, públicos o privados, de oficinas, nuevos o rehabilitados, tendrán que contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos y Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deberán comprobar también si las certificaciones energéticas de los edificios son las adecuadas.

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